El recurso fue sometido a través de los abogados Alberto Tavárez y Juan de la Rosa, quienes procuran que el TSA declare inconstitucional el artículo 21, párrafo a del decreto 6-19 sobre Reglamento de Licencias de Conducir, G. O. No. 10927 del 8 de enero de 2019.
El párrafo a del citado artículo dice de manera textual: “Para las categorías 01, 02 y 05, el período de vigencia será de cuatro (4) años hasta que su titular cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad. A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad, la vigencia será de dos (2) años”.
El abogado Tavárez asegura que el Intrant convierte a los envejecientes de 65 años en adelante en ciudadanos de “segunda categoría” al limitarlos a renovar la licencia de conducir por dos años en vez de cuatro, como establece la disposición general.
Reiteró que la disposición no solo vulnera los artículos 38, 39 y 57 de la Constitución sobre la dignidad humana, el derecho a la igualdad y no discriminación y los derechos de las personas envejecientes, sino que contradice la sentencia del Tribunal Constitucional TC0005-20, de fecha 31 de enero de 2020, que prohibió al Intrant limitar el otorgamiento de licencias de conducir por el criterio exclusivo de la edad de las personas.
El jurista expresó que la referida sentencia condena la “presunción de ineptitud por la edad”, en la que de manera arbitraria se basa el Intrant para discriminar a los conductores mayores de 65 años en el otorgamiento de la licencia, convirtiéndolos en ciudadanos de “segunda categoría”.
Refirió que las estadísticas en materia de tránsito en la República Dominicana indican que la mayoría de los accidentes son ocasionados por jóvenes, razón por la cual la presunción de ineptitud por la edad es irrazonable. En ese sentido, destaca que en Costa Rica, por ejemplo, el control de las actitudes y las aptitudes de los conductores se realiza mediante un sistema de puntos que monitorea y evalúa la calidad de conducción de las personas en las vías públicas.
Señala que el Tribunal Constitucional, en la sentencia mencionada anteriormente, establece que hay que tomar en cuenta “que la propia Constitución, en su artículo 57, establece que la familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”.
Manifestó, además, que de manera taxativa el guardián de la Constitución estableció que “que el establecimiento de un criterio basado exclusivamente en la edad resulta contrario a los valores que reconoce nuestra Constitución”.
Santo Domingo,– Familiares de Gabriel Armando de la Cruz Montas, un joven de 26 años que quedó parapléjico tras recibir un disparo de un agente policial en La Romana, hicieron un llamado urgente al Gobierno para que intervenga en su caso y les brinde apoyo médico y económico.
El hecho ocurrió el pasado 22 de noviembre, cuando Gabriel se desplazaba en una motocicleta por una vía de La Romana. Según explicaron el diputado de Fuerza del Pueblo (FP) Carlos de Pérez y el hermano de la víctima, Maicor Ramón de la Cruz, una patrulla motorizada de la Policía se le atravesó, provocando una colisión. Tras caer al pavimento, uno de los agentes le disparó en la base de la columna vertebral.
Como consecuencia de la herida en la médula espinal, el joven quedó inmovilizado. Actualmente solo puede mover la cabeza y una mano, y permanece postrado en cama, dependiendo totalmente de sus familiares para su alimentación, higiene y cuidados diarios.
Gabriel es padre de tres hijos y era el sustento principal de su hogar. La familia asegura que los gastos médicos los han desbordado. Deben comprar gasas especiales para tratar las laceraciones provocadas por permanecer en cama, cuyo paquete ronda los RD$14,000, además de antibióticos para combatir una bacteria avanzada. También pagan servicios de enfermería, con un costo de RD$3,000 cada tres días.
“Ya hemos agotado todos los recursos y no hemos recibido ayuda de ninguna entidad del Gobierno”, expresó su hermano, quien viajó desde La Romana hasta Santo Domingo para solicitar respaldo público.
Los familiares piden la intervención del presidente de la República, del director de la Policía Nacional y de las autoridades de Salud Pública, a fin de que el joven sea evaluado por especialistas y reciba asistencia médica, medicamentos e incluso apoyo habitacional, ya que viven en una casa alquilada.
Describen a Gabriel como un joven trabajador, maestro constructor, que el día del incidente regresaba de realizar un trabajo y llevaba consigo sus herramientas.
Mientras continúan a la espera de respuestas oficiales, la familia reitera su llamado solidario, asegurando que no cuentan con los medios para sostener el tratamiento y los cuidados permanentes que ahora requiere el joven.
